Las resonancias del operativo represivo en las inmediaciones del Congreso en la jornada del miércoles continúan teniendo desprendimientos. Luego de que se ordene la liberación de los detenidos, diputados de Unión por la Patria elevaron un pedido de interpelación a Patricia Bullrich, para que ofrezca detalles del diseño y la ejecución del despliegue de fuerzas de seguridad.
La solicitud fue difundida por la chubutense Eugenia Alianiello, quien en sus redes sociales calificó al operativo de «brutal acción represiva contra los manifestantes» y enumeró una serie de detalles que se le pedirían a la ministra de Seguridad: «el repentino incendio de un patrullero que previamente apareció abandonado»; «las autorizaciones del operativo», «el uso anti reglamentario de las armas de disuasión, tales como escopetas con posta de goma y lanza gases»; «un efectivo de una de las fuerzas a su cargo que, ante la aparición de un arma, lejos de recogerla y proceder a su secuestro, la patea hacia adelante»; entre otras precisiones.
Este mismo miércoles, la bancada peronista emitió un comunicado en donde señalaron «la violencia desatada por las fuerzas de seguridad fue mayúscula, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes, varios de ellos hospitalizados de gravedad, como el fotógrafo Pablo Grillo que pelea por su vida. A esto se le agrega una enorme cantidad de detenidos, muchos de ellos aún con paradero desconocido».
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Patricia Bullrich defendió el operativo represivo en el Congreso
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió este miércoles el operativo represivo llevado adelante por las fuerzas policiales en las inmediaciones del Congreso nacional en el marco de una nueva marcha de jubilados de la que también participaron hinchas de fútbol. «Las fuerzas de seguridad estuvieron a la altura de las circunstancias», dijo y anunció que harán una denuncia conjunta junto al Gobierno de la Ciudad contra los manifestantes por daños.
«Lo de hoy es de una gravedad inigualable. Muchas de las personas que vinieron a esta marcha, barras bravas, miembros de agrupaciones políticas de izquierda y kirchneristas, distintas personas que se nuclean políticamente para voltear al Gobierno vinieron en esta ocasión preparados para matar», expresó la funcionaria. «Venían a tomar el Congreso», agregó en diálogo con LN+. La represión con camiones hidrantes, balas de goma y gases dejó un total de al menos 21 heridos, uno de ellos un fotógrafo se encuentra internado en estado de gravedad.
La funcionaria destacó el despliegue policial, aseguró que «no se distrajeron un minuto del operativo» y agregó que trabajaron con las «cuatro fuerzas federales y con el servicio penitenciario para ayudarnos con las detenciones». «Teníamos una cantidad de efectivos muy importante pero trajeron un nivel de barras bravas, de lúmpenes, de gente dispuesta a cualquier cosa. Seguramente muchos de ellos tengan antecedentes penales», lanzó.
En ese sentido, adelantó que aplicarán derecho de admisión en todas las canchas del país y le pidió a los clubes que echen a todos los socios que hayan participado de esta marcha y estén identificados. «Si hay a algún dirigente tienen que echar a ese club de la Asociación de Fútbol Argentino», retrucó.
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Patricia Bullrich gestó el operativo de seguridad frente al Congreso el pasado miércoles.
Gobierno cruzó a la jueza que ordenó la liberación de detenidos
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de las 114 personas detenidas por las fuerzas de seguridad. Ante esto, desde el gobierno de Javier Milei cuestionaron fuertemente la medida. El vocero presidencia, Manuel Adorni, afirmó que «la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina».
En el texto oficial, la letrada dio cuenta de numerosos casos de detenciones en los que «no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados». En conclusión, la jueza definió que las aprehensiones «afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión».
Sin embargo, tras darse a conocer la medida, el Gobierno arremetió contra la jueza Andrade e informó que iniciará una investigación oficial para denunciarla ante el Conejo de la Magistratura de CABA por «posible incumplimiento de sus funciones».
En esta línea, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó: «No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad».